Las escuelas infantiles para la primera infancia han mostrado desde siempre ser espacios de socialización y crecimiento para el desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas en un marco educativo de calidad, con profesionales formados en el desarrollo evolutivo y en los procesos de aprendizaje. Estas escuelas también favorecen la cohesión educativa y social y compensan las desigualdades habidas en entornos y familias de niveles socioeconómicos desfavorables garantizando la equidad e igualdad de oportunidades para convivir en una sociedad más justa.
La tasa de escolarización en las escuelas infantiles de niños y niñas de 0 a 3 años ha ido creciendo cada año, desde hace ya treinta cursos, hasta alcanzar la media del 41% de la población de estas edades, con grandes diferencias entre comunidades. Aunque las previsiones para este inicio de curso no eran buenas, los datos presentados este verano muestran un descenso de cinco puntos.
Este 5% se traduce, según el estudio estadístico publicado por el Ministerio de Educación en su página web, en una elevada disminución de plazas, en concreto 79.333.
La falta de educación infantil gratuita en la etapa de cero a tres años es una reivindicación que viene de hace mucho tiempo, y estos datos pesimistas pueden frenar la potencial consolidación de esta etapa como pública.
Los motivos debemos buscarlos en el efecto de la pandemia en este ciclo educativo, muy a pesar de la repetida consigna de que las escuelas son espacios seguros. El miedo al contagio y las diversas consecuencias económicas desfavorables en muchas familias, junto con la ya cuantificada bajada de la natalidad, hacían prever los peores augurios para las escuelas infantiles. La situación se agrava por la situación casi normalizada de falta de políticas económicas que ayuden a sufragar el coste real de las escuelas públicas.
Muchas familias han manifestado una menor necesidad de conciliación, a la vez que la no escolarización frena e impide que algún progenitor busque trabajo.
Por todo ello estos últimos meses hemos sabido del cierre de escuelas infantiles en municipios de escasa población o de la reducción de puestos de trabajo para las maestras y educadoras contratadas en la atención educativa de las niñas y niños.
Esta delicada situación requiere de un gran esfuerzo por parte de la Administración pública para, como en la etapa de 3-6, garantizar una oferta universal y gratuita.
La inversión anunciada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de 670 millones de euros de la dotación de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia debe ser llevada a cabo de forma acelerada y coherente. No se puede abandonar la idea de la previsión de crear 65.000 nuevas plazas públicas entre 2021 y 2023, de las que 20.000 plazas están previstas para este curso 2021-2022.
El escenario social, educativo y económico ha variado desde la aprobación de esta inversión. Sin embargo, no debe ser motivo para replantear ni el destino de la dotación ni la reorganización de la etapa.
Las familias y la primera infancia merecen toda la atención que se les pueda dedicar en pro de la educación y la equidad.
