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Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Educación Infantil. Es cierto que se ha dado un gran paso en la consideración del ciclo de 0 a 3 años como eminentemente educativo. Pero, por más leyes que hayan hecho alusión a la Educación Infantil como una etapa única con identidad propia, que abarca desde el nacimiento hasta los 6 años, siempre ha habido una fragmentación entre los dos ciclos en los que se divide la etapa, principalmente por las distintas gestiones y visiones que se han tenido de cada uno de ellos, tanto a nivel nacional como autonómico, incluso municipal.
El replanteamiento de las enseñanzas mínimas para la etapa de Educación Infantil, ya contemplado en un único documento, nos lleva a reflexionar más allá de la normativa y las leyes.
De nada sirve publicar un real decreto que afecta a todo el territorio nacional si no llega su contenido a las clases, si el personal educativo no lo conoce y no conoce tampoco el propio decreto de su comunidad, que emana de este. Es por tanto fundamental enfocar las políticas hacia la formación de los maestros y las maestras, pero no solo al conocimiento y aplicación de la norma, sino a reflexionar sobre la propia práctica, al descubrimiento de las necesidades de la infancia, a unos cuidados y una atención de calidad, todo ello bajo la sustentación de fundamentaciones teóricas y prácticas que lo avalen. La formación del personal educativo es imprescindible.
Es cierto que el apoyo de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 ha aportado una pequeña luz en el nuevo Real Decreto, aunque también se recogen en su redacción elementos curriculares algo inquietantes que dan un giro al enfoque de la Educación Infantil. Términos como «competencias clave», «competencias específicas», «saberes básicos» y «situaciones de aprendizaje» sustituyen los conocidos objetivos, contenidos y actividades, ¿o quizá son lo mismo?
Es preciso pararse a reflexionar, tener claro qué tipo de Educación Infantil queremos, qué personal educativo necesitamos y avanzar en políticas de formación que lleguen hasta la primera línea, que lleguen al personal, para dar consistencia a una verdadera atención a la infancia.
La formación de las maestras y los maestros en este sentido es incuestionable.
En este documento algunos aspectos quedan en el aire; trasladar la metodología a las comunidades es una gran responsabilidad para ellas, pero la premura del proceso no añade aspectos positivos, ya que es necesario pararse, reflexionar, conocer, debatir, tener claro el camino en pro de una atención de calidad para la infancia.
