En los últimos meses se ha hablado mucho de las ratios. En este editorial ya llegamos tarde, pero no por eso queremos dejar de comentar. Y hacerlo significa mencionar también los grupos estables, de convivencia o burbuja. El término es lo de menos para designar un número de niños y niñas fijo para un solo maestro para atenderlos y evitar que se relacionen de manera presencial con otros grupos. Del número de niños y niñas por maestra, de esta ratio, hablamos.
Lo primero que hay que comentar es que no tenemos que dejarnos convencer por las estadísticas. Si la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, da autonomía a las Comunidades Autónomas para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares, todas coinciden en establecer decretos donde el número máximo de niños por grupo puede llegar a 8 en la franja 0-1 año, a 13 en la franja de 1-2 años, a 20 niños y niñas en la franja de 2-3 años, y a un máximo de 25 en el segundo ciclo junto con educación primaria.
Y el número de niños y niñas por maestra en el segundo ciclo es de 25, e incluso se supera este número si la inspección da el visto bueno para aumentar la matrícula.
La realidad actual es que la ratio en las escuelas infantiles está justo en el número máximo, dando casi por hecho que solo es normativa esta cifra. Normalizando lo que tendría que ser excepcional.
¿No sería justo y mucho más digno que en este curso de incertidumbres, después de meses confinados, tomara más peso no llegar a este número máximo de niños y niñas? Y además, como colectivo de maestras y educadores de educación infantil, es imprescindible posicionarse y reclamar una ratio más respetuosa con las circunstancias.
El curso en el que entramos es el momento idóneo para tener grupos que reduzcan de forma importante y proporcional el número de niños y niñas por clase, a semejanza de como lo han hecho en Noruega y Dinamarca y sin eludir las medidas sanitarias. Esta reducción permite, más que nunca, trabajar desde una educación de calidad, con un acompañamiento más individualizado y cubriendo las necesidades básicas de los niños según sus características evolutivas y sus procesos vitales. También comporta tener en cuenta los principios de la educación inclusiva y coeducadora atendiendo la diversidad de niños y niñas, la detección precoz y la intervención directa en las dificultades en el desarrollo. Y, sobre todo, porque los niños y las niñas no pueden defender sus derechos y la responsabilidad recae en los adultos: profesionales, familias, políticos…
Porque creemos en una educación comprometida con la equidad y con la salud de todos, necesitamos ratios que no lleguen al máximo. Debe ampliarse el personal indispensable para formar grupos de niños y niñas, de manera sensata y justa.
En este contexto es responsabilidad de las Administraciones invertir en nóminas de maestras y educadores, desde las escuelas infantiles hasta los institutos. Y, de esta forma, la responsabilidad de los maestros se asumirá también justamente y con determinación.
