Teresa Laura Artieda
Escribo desde Resistencia, capital de la provincia del Chaco, al noreste de Argentina y a pocos kilómetros del Río Paraná; región calurosa, húmeda, y una de las provincias con mayor cantidad de pobreza e indigencia en la actualidad. No siempre fue así, la pobreza quiero decir. Era territorio indígena, entre otros, de los pueblos Qom, Wichí y Moqoit. Territorio que no quedaba circunscripto a los límites que hoy dividen a las administraciones provinciales. Territorio donde la actual Constitución del Chaco reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, anteriores entonces a los Estados provincial y nacional.
Lo que cuesta más al Estado es reconocerles la propiedad comunitaria de tierras. Estos pueblos lo van consiguiendo, pero muy lentamente, a través de sus organizaciones, con muchísima lucha, persistencia y sacrificio.
Hace algunos años, en un taller con docentes y líderes indígenas, entre ellos Lecko Zamora del pueblo Wichí, una persona se refirió a “la problemática indígena”. Rápidamente Lecko interrumpió: “el problema lo trajeron ustedes desde que invadieron nuestro lugar, nosotros no éramos un problema”. Cuido mucho, y más desde entonces, las palabras con las que aludo a lo indígena. No quiero lastimar.
La pobreza y la indigencia son problemas generados por la invasión euro-occidental, esa que hace ya más de quinientos años dieron en llamar “descubrimiento” y en tiempos recientes, “encuentro de culturas”. Enrique Dussel (1994) elaboró una idea muy fértil, porque interpreta la irrupción euro-occidental que comenzó en 1492 como “encubrimiento” de pueblos, culturas, territorios, formas de vida. De todas maneras, no es el tema de este artículo. Sólo lo dejo mencionado, para seguir reflexionando. Sí quiero subrayar que esas categorías, pobreza e indigencia, son efectos del sistema económico capitalista que se impuso sobre las sociedades indígenas de este continente. La pobreza, la concepción de pobreza, era algo desconocido en las sociedades indígenas antes del sistema económico capitalista dominante.
La destrucción de la naturaleza, de la casa que es de todos y todas, la idea de que la naturaleza es lo opuesto a la cultura, que es un recurso a ser explotado y que es propiedad de quienes la hagan producir riquezas, es otro problema, harto grave, cuyas consecuencias también estamos sufriendo, seamos indígenas o no. “Al final, todos bebemos el agua del mismo río”, nos decía un joven del pueblo Mapuche, en otra reunión entre docentes. En silencio quedamos los presentes, porque es tan evidente lo que nos decía, tan claro, pero la contaminación no se detiene.
La Masacre de Napa’lpí ha sido y sigue siendo una evidencia de enorme importancia respecto de “el problema que trajeron ustedes”. Las víctimas de esa masacre fueron miembros de los pueblos Moqoit y Qom que habitaban en una Reducción del mismo nombre. Ya explico de qué se trata una Reducción para Argentina en esa ápoca. Pero antes presento informaciones iniciales sobre el hecho. La masacre tuvo lugar, o más bien comenzó, el 19 de julio de 1924. No se sabe a ciencia cierta cuando terminó porque continuó por días y noches hasta lograr (no lo lograron por completo) la muerte de los sobrevivientes. La mañana del 19 de julio alrededor de 100 hombres pertenecientes a la policía del entonces Territorio Nacional del Chaco1 y del cuerpo de Gendarmería, más un grupo de civiles armados, dispararon a mansalva durante una hora sobre una multitud desprevenida. Un avión comandado por un piloto del Ejército argentino apoyó desde el aire la masacre. Según investigaciones recientes, es el primer avión de fuerzas armadas argentinas que dispara en nuestro país contra población civil inerme.
Las nuevas generaciones de Qom y Moqoit oriundas de Napa’lpí intervienen con mucha decisión y de diferentes modos en la recuperación de la memoria de su pueblo. Uno de esos modos es la expresión artística. Fiorella Anahí Gómez, Qom, artista plástica y docente, nos ofrece su interpretación del relato según lo recibió de sus abuelos. Así imaginó a su gente: hombres y mujeres concentrados en una danza alrededor del fuego y hombres uniformados y armados acechando en la oscuridad. El espíritu del monte derramando lágrimas de sangre sobre una rama de algodón, anticipando lo que horas más tarde habría de suceder.
Como podrá comprenderse, el número de personas asesinadas es incierto. En un ingente trabajo de los últimos años, un joven qom, Juan Chico y otros, lograron calcular un número entre 400 y 500 personas, niñas, niños, jóvenes, adultas y adultos, ancianas y ancianos. Durante esos terribles días violaron niñas y mujeres, desmembraron cuerpos, decapitaron líderes y exhibieron esos “trofeos” para que sirvieran de lección. Para demostrar el poder del Estado sobre los cuerpos. Quemaron cadáveres y los enterraron en fosas comunes. Hubo quienes lograron huir, pocos y han sido la memoria viva de su gente; hubo quienes fueron capturados mientras se alejaban entre el bosque chaqueño (Chico y Fernández, 2008, Chico, 2016, Salamanca, 2023).
¿Qué motivó esta masacre? Si nos atenemos a ese hecho en particular, lo que ocurrió fue la represión de una protesta de los indígenas, trabajadores forzados de las explotaciones del algodón, el quebracho y los ingenios azucareros del Chaco, Salta y Tucumán, provincias cercanas. Desde días atrás los indígenas que habitaban la Reducción se negaban a trabajar y se encontraban reunidos reclamando alimentos y mejor pago por parte de los dueños de las plantaciones de algodón; además, que los autorizaran a salir del territorio chaqueño para trasladarse a los ingenios azucareros donde la paga también era mísera pero comparativamente mejor. Un decreto del entonces gobernador del Territorio les prohibía la salida, porque estaba próxima la cosecha del algodón y los dueños de las explotaciones del Chaco querían disponer de ellos para la recolección.
Pero si vamos un poco más atrás en el tiempo, para responder acerca de los factores que llevaron a la huelga y a la represión tenemos que conocer otros datos. Uno de ellos, qué era Napa’lpí para el Estado nacional. Se trataba de una Reducción estatal, parte del sistema de reducciones que dicho Estado instaló en el Chaco en 1911 y en Formosa en 19142 para concentrar a los indígenas que habían sobrevivido y fueron apresados durante las campañas militares que tuvieron por objeto la apropiación de estos territorios por parte del Estado nacional, según mencioné al principio. Con ese sistema concentracionario, se tendría reserva de mano de obra indígena fija, establecida en lugares determinados, y se proyectaba su “civilización” por medio del trabajo y la educación (Moglia y Almirón, 2016; Musante, 2018, entre otros). Desde 1916 las reducciones estatales dependieron de un organismo denominado Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (CHRI)3
que, a su vez, estaba bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior de la Nación.
Edificio de la administración de Napa’Ipí y la residencia del administrador. Fuente: CHRI, Publicación N° 4, Buenos Aires, 1936, p. 61.
Ni bien se fundó, a esa Reducción llevaron a grupos de qom, moqoit y shinpi’. Su fundador, Enrique Lynch Arribálzaga (1856-1935), sostenía ideas evolucionistas según las cuales existían razas primitivas y superiores, las primeras desaparecían por imperio de la raza blanca, superior; los indígenas eran expresión del primitivismo. Así, los “indígenas del norte, aquellos niños fuertes e infatigables” se convertirían en adultos por medio del encierro educador en el que aprenderían trabajos propios del obraje y de la explotación del algodón, además de cultivar la parcela que se otorgaría a cada poblador4 (Lynch Arribálzaga, 1914, en Artieda y Rosso, 2009). A sus hijos, a través de la escuela dentro de la misma reducción, se les enseñarían sobre todo contenidos de aritmética y geometría útiles para desempeñar en un futuro próximo, al igual que sus padres, tareas en los estratos más bajos de los procesos productivos, según pronóstico del propio fundador (Lynch Arribálzaga, 1914).
De esta manera, la educación proyectada inicialmente para los adultos, junto con la escuela para la niñez, eran funcionales al capitalismo en expansión en esas regiones recientemente enajenadas a los mismos indígenas, a los cuales ahora se encerraba buscando la reconversión de sus cuerpos, sus tiempos, sus modos de vivir, creer y sentir.
El único idioma permitido era el castellano. Los idiomas nativos estaban prohibidos porque, según se afirmaba, eran expresión de la barbarie. La doctrina católica sería para este funcionario, y para otros que lo siguieron al frente de la Reducción5, la base con la cual se debería instruir en moral a infantes y adultos. Quienes sucedieron a Lynch Arribálzga mantuvieron concepciones similares sobre los indígenas o, peor aún, estuvieron más ocupados que éste por hacerlos rendir en el trabajo para el sostenimiento de la Reducción, así como para el enriquecimiento de los dueños de las explotaciones agroindustriales. Por esa misma razón, la escuela de la Reducción no fue una preocupación importante de los sucesivos administradores para la niñez indígena, en cambio sí lo era hacerlos trabajar en la recolección del algodón por la delicadeza manual que requería manipular los capullos de la planta y las capacidades de observación de la naturaleza, la paciencia, así como la destreza psicomotora fina que demostraban esos niños. La descripción pertenece a un funcionario que inspeccionaba la Reducción en 1936, pocos años después de la masacre (Artieda, Liva, Almiron y Nazar, 2015).
Valentín Suárez, del Pueblo Qom, nos dirá que
“La Reducción era como la esclavitud”.
“Están los ‘eltaxaicpi, o sea, los que no se fueron a la Reducción. Estos quedan nómades en los montes. Huían del ejército. ‘Eltaxaic se usa para decir prófugo. En cambio, a los que aceptan entrar a la Reducción se les dice nlattac, esos son los ‘esclavos’ mandados en la Reducción, mandados o peones de la Reducción (peón: qailattac)… La gente que atendía en la Reducción, cocinaban y les daba de comer. Nada más. Y por ahí les daban algunos cortes de tela y se vestían. Y nada más. Pero el producto de ellos se lo comían otros. Para mí que la Reducción surgió casi igual como la Conquista, para mí que todos [los indígenas] ya estaban apaciguados a causa de la Guerra.” (Suárez, 2016, p. 152).
Volviendo a ese fatídico 19 de julio de 1924, las pésimas condiciones de vida, el despojo, el desprecio, la discriminación, los propósitos de aculturación y destrucción de sus sistemas de vida, las distintas formas de violencia física y las hambrunas recurrentes dentro de la Reducción fueron en aumento desde 1911. Autoridades de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios solicitaron recursos económicos para resolver la crisis en la que se encontraba la Reducción. Al mismo tiempo, demandaron el auxilio del ejército para controlar la situación a raíz de “sucesos que han marcado un estado grande de agitación en los indios de Napalpí”6 (CHRI, 1917). Informes de años sucesivos de esta Comisión enunciaban situaciones similares y la apelación constante a las fuerzas represivas del Estado ante el temor de “sublevaciones” indígenas. El decreto del gobernador, que mencioné antes, impidiendo a los pobladores de Napa’lpí trasladarse a los ingenios establecidos fuera de los límites del Chaco, los sufrimientos sin solución y otros factores coadyuvantes convocaron a la resistencia. Lo que ocurrió entonces ya fue narrado. El idioma, ahora sí, fue silenciado. Lo que no pudieron lograr por la prohibición continua en la escuela o en la reducción, lo pudo el terror. Que también logró el silencio por décadas. Los mayores no transmitían la historia ni el idioma a sus hijos, tampoco la masacre, había que preservarse y preservarlos. Hubo quienes cambiaron sus nombres, mintieron su edad, no fuera que por identificarse perdieran la vida. Napa’lpí, que pasó a llamarse, por decisión estatal, Colonia Aborigen, guardaba un silencio cuyas razones, de todas maneras, se filtraban por muchas y variadas grietas.
Entre abril y mayo de 2022, a 98 años de la masacre, tuvo lugar el Juicio por la Verdad y la Memoria de la Masacre de Napalpí, en el juzgado Federal Nº 1 con sede en esta ciudad de Resistencia. Al finalizar el proceso, la titular del Juzgado; Zunilda Nirempreger, consideró probada la responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio contra los pueblos indígenas de Argentina.
La Jueza, en la sentencia, reflexiona sobre el terror de la siguiente manera:
“El terror de lo sucedido penetró en las fibras más íntimas de los sobrevivientes generando un temor paralizante y solo el paso del tiempo, sumado al cambio de regímenes de gobierno e incluso ciertas concepciones sociales, permitió remover con dificultad parte de esas barreras.” (p. 211)
Y respecto del valor de los testigos directos del horror, sobrevivientes que dieron testimonio, y familiares y miembros de los pueblos Qom y Moqoit, esta funcionaria expresa:
“El testimonio de Rosa Grilo, Pedro Balquinta, Melitona Enrique, Rosa Chará, Felipa Lalecori, sus familiares y miembros de las comunidades Qom y Moqoit ocupa un rol elemental y privilegiado como elemento de convicción para consolidar la acreditación de los hechos…” (p. 211)
En el lienzo (Figura 3), Fiorella Gómez reproduce los retratos de las ancianas y los ancianos sobrevivientes que dieron su testimonio. En el centro, Juan Chico, y en el extremo superior derecho, una imagen del avión del Ejército Argentino que apoyó los asesinatos desde el aire.
Es necesario destacar la realización del Juicio, los fundamentos y la sentencia. Llevar al Estado nacional al estrado y lograr probar su responsabilidad, al tiempo que se haya reconocido la política de genocidio llevada a cabo, es un hecho de una trascendencia que, seguramente, llevará aún tiempo para procesar. Por parte de los pueblos indígenas, constituye un triunfo político y simbólico sin precedentes. En cuanto al sistema escolar, obliga a hacerse cargo de la transmisión de esta historia en todos los niveles. Establece otras obligaciones, como la de incluir el 19 de julio en las efemérides nacionales.
En un encuentro reciente de docentes, en la ciudad de San Luis, enumeraba lo que creo son algunas de las notas fundamentales de este Juicio. Entre otras cuestiones afirmaba que el mismo pone de manifiesto el insoslayable valor de la transmisión intergeneracional porque fueron jóvenes indígenas quienes procuraron de manera incansable el relato de sus mayores, persistiendo para que quebraran el silencio. Hasta que se hiciera clamor, voz, grito que exige justicia. El primer libro que recoge los también primeros testimonios estuvo a cargo de dos jóvenes oriundos de Colonia Aborigen y se llamó “Napa’lpí. La voz de la sangre. Napa’lpí. Ltaxayaxac yi ntago’q”. Al decir de sus autores, ellos, los jóvenes, eran la voz de la sangre de sus ancestros masacrados que clamaba justicia (Chico y Fernández, 2008).
Este Juicio evidencia también la construcción de conocimientos y el despliegue de estrategias políticas que llevan adelante jóvenes indígenas haciéndose cargo de los testimonios, de su transcripción, como de la reconstrucción trabajosa y casi imposible de la cantidad de muertos, los posibles lugares de las fosas comunes, las relaciones con investigadoras e investigadores, con miembros del poder judicial, con los medios, con editoriales para publicar los primeros libros destinados a las escuelas y al público en general. Es significativo que fueron docentes indígenas quienes, junto con Juan Chico, historiador y escritor ya nombrado, trabajaron en la recopilación de los testimonios.
Con orgullo, porque he sido formada y trabajo en una universidad pública argentina, este Juicio puso de manifiesto una vez más el valor del conocimiento que producimos puesto que nuestras investigaciones formaron parte de la documentación probatoria y de comprensión del contexto en el que la masacre tuvo lugar.
La experiencia que Argentina ha tenido en los Juicios por la Verdad y la Memoria en el marco de la dictadura cívico-militar de 1976-1983, fue antecedente fundamental adaptado al juzgamiento de esta masacre. Este hecho, así como la categorización de la masacre como delito de lesa humanidad nos hermana profundamente. En nuestras historias de dolor, de luchas y de esperanzas, en la fuerza de los legados. Nos compromete a mantener viva la memoria que es de todos, no de los pueblos indígenas solamente. De nuestra historia colectiva se trata. Y nos une, inexorablemente, con la misma frase que utilizó el fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas Militares de la última dictadura cívico-militar de Argentina: Nunca Más. Así, destacado y como final, es también el cierre de la sentencia del Juicio sobre Napalpí.
Teresa Laura Artieda
Facultad de Humanidades Universidad Nacional
del Nordeste Resistencia, Chaco. Argentina
tereartieda@gmail.com
Notas
1. Entre 1872 y la primera mitad de la década de 1950, la Argentina estaba dividida en provincias y Territorios o Gobernaciones Nacionales. Los segundos eran los últimos territorios indígenas que no habían podido ser penetrados en época del virreinato ni de los posteriores gobiernos criollos. A partir de 1870 se emprendieron avances sistemáticos para ocupar esos territorios indígenas por medio de campañas militares al sur, Pampa y Patagonia, y al norte, Chaco y Formosa. Un decreto de 1872 y luego la Ley 1.532/1884 de Organización de Territorios Nacionales estableció que esas regiones eran de dominio del Estado nacional, lo que fue cambiando a mediados del siglo XX cuando esas jurisdicciones nacionales pasaron paulatinamente a constituirse como provincias por leyes del Parlamento.
2.Reducción de Bartolomé de las Casas en la región central del Territorio Nacional de Formosa (Artieda y Rosso, 2009, Musante, 2018).
3. 0La CHRI fue constituida por el Poder Ejecutivo Nacional en 1916. Su función era la de implementar políticas destinadas a la población indígena de Argentina. Las únicas reducciones estatales fueron creadas en Chaco y Formosa y funcionaron hasta mediados del siglo XX.
4. Se debe aclarar que durante la existencia de la Reducción no se entregaron títulos de propiedad de ninguna parcela según estudios
de Moglia y Almirón (2016), entre otros.
5. Lynch Arribálzaga renunció a la dirección de la Reducción en 1917 (Cordeu y Siffredi, 1971)
6. Las diferentes formas de escribir el nombre del lugar se explican por el uso de distintas versiones dialectales del qom, y por su versión castellanizada, Napalpí. Me limito a transcribirlas respetando las fuentes consultadas
Bibliografía
Artieda, T., Liva, Y., Almiron, S., Nazar, A. (2015). “Educación para la infancia indígena en la reducción Napalpí (Chaco, Argentina. 1911- 1936)”. Revista Anthropologica PUCP, Vol. 33, Núm. 35, pp. 117-139. En: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/14639
Artieda, T. y Rosso, L. (2009). Pedagogía para indígenas del Chaco a fines del siglo XIX y principios del XX. La asimilación «dulce» por vía de la educación y el trabajo. En A. Ascolani, El sistema educativo en la Argentina. Civilidad, derechos y autonomía, dilemas de su desarrollo histórico. Rosario: Laborde, pp. 141- 163.
Chico, J. (2016) Las voces de Napalpí. Resistencia: ConTexto Editorial.
Chico, J. y Fernández, M. (2008). Napa’lpí. Ltaxayaxac yi ntago’q. Napa’lpí. La voz de la sangre. Resistencia: Instituto de Cultura.
Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, Ministerio del Interior de la Nación, República Argentina. Publicación N° 4, Buenos Aires, 1936.
Cordeu, Edgardo y Alejandra Siffredi (1971). De la algarroba al algodón, movimientos mesiánicos de los Guaycurú. Buenos Aires: Juárez.
Dussel, E. (1994).1492. El encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad. UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Plural Editores. Biblioteca Virtual CLACSO.
Lynch Arribálzaga, E. (1914). Informe sobre la Reducción de Napalpí, Ministerio del Interior, Dirección General de Territorios Nacionales, Buenos Aires, Imprenta y encuadernación de la Policía.
Moglia, L. y Almirón, A. (2016). La política territorial y las Reducciones. El problema indígena y el indígena como problema. En Tola, F. y Suárez, V. El teatro chaqueño de las crueldades. Memorias qom de la violencia y el poder. Buenos Aires: Asociación Civil Rumbo Sur, Resistencia, Chaco: IIGHI-CONICET, pp., 155-158.
Musante, Marcelo (2018). Reducir y controlar. Masacres, disciplinamiento y trabajo forzado en las reducciones estatales para indígenas de Chaco y Formosa durante el siglo XX. En Delrio, W., Escolar, D., Lenton, D., y Malvestitti, M. (Comp.) En el país de nomeacuerdo. Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950. Rio Negro: Editorial UNRN, pp. 241-280.
Salamanca Villamizar, C. (2023). Entre el panóptico y la intemperie. Geografías y memorias chaqueñas del desastre y de la vida. En Salamanca Villamizar, C. y Ramos, A. R. Genocidios indígenas en América Latina – Rosario: UNR Editora; Quito: ABYA YALA; Bogotá: ICANH; Copenhague: IWGIA, pp. 129-166.
Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Comité para la prevención de la tortura, Chaco. Fundación Napalpí (2022). Napalpí. Juicio por la Verdad. La Sentencia. Resistencia: ConTexto Editorial.
Suárez, V. (2016). “La Reducción era como la esclavitud”: Esclavos y prófugos en el territorio perdido. En Tola, F. y Suárez, V. El teatro chaqueño de las crueldades. Memorias qom de la violencia y el poder. Buenos Aires: Asociación Civil Rumbo Sur, Resistencia, Chaco: IIGHI-CONICET, pp.152-154.
